25 términos clave para entender la ley.

Principio rector de la ley: no basta con cumplir, hay que poder demostrarlo. El responsable debe acreditar de forma proactiva, con registros y evidencia, que trata los datos conforme a la norma.

Contrato de encargo que regula la relación entre un Responsable y un Encargado. Define qué datos se tratan, con qué fin, por cuánto tiempo y bajo qué medidas de seguridad.

Servicio público descentralizado, con patrimonio propio e independencia funcional, creado por la ley. Fiscaliza el cumplimiento, dicta instrucciones, resuelve reclamaciones de los titulares y aplica sanciones.

Conjunto de derechos que la ley reconoce a las personas sobre sus datos: Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad, más el bloqueo y el derecho a no ser objeto de decisiones basadas solo en tratamiento automatizado.

Causales que hacen lícito un tratamiento. Debe existir al menos una: consentimiento del titular, ejecución de un contrato, obligación legal, interés vital, interés público o interés legítimo del responsable.

Vulneración que destruye, expone o da acceso no autorizado a datos personales. Debe notificarse a la APDP dentro de 72 horas desde que se toma conocimiento, y a los titulares afectados si hay riesgo para sus derechos.

Manifestación de voluntad libre, informada, específica e inequívoca por la que el titular acepta el tratamiento de sus datos. Para datos sensibles debe ser explícito.

Cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable: nombre, RUT, correo, dirección, IP, entre otros.

Categoría especial de datos que requiere protección reforzada: salud, origen étnico o racial, afiliación política o sindical, creencias, vida sexual, datos biométricos y genéticos. Su tratamiento exige consentimiento explícito u otras bases calificadas.

Persona o función encargada de supervisar el cumplimiento de la ley dentro de la organización. Su designación es obligatoria para organismos públicos y para entidades privadas con tratamientos de alto riesgo o a gran escala.

Quien trata datos personales por cuenta del Responsable y bajo sus instrucciones. Es el rol típico de un proveedor de software, cloud o soporte.

Análisis previo que el responsable debe realizar cuando un tratamiento puede generar alto riesgo para los derechos de los titulares (por ejemplo, perfilamiento o decisiones automatizadas) antes de iniciarlo.

Ley de 1999 sobre protección de la vida privada, basada en la autorregulación. Es el marco que la Ley 21.719 viene a reemplazar y modernizar.

Ley sobre Protección de la Vida Privada y Datos Personales, publicada el 13 de diciembre de 2024. Alinea a Chile con el RGPD europeo y crea la APDP. Su plazo de pleno cumplimiento es el 13 de diciembre de 2026.

Principio según el cual solo deben tratarse los datos estrictamente necesarios para la finalidad declarada, y no más.

Reglas que rigen todo tratamiento: licitud y lealtad, finalidad, proporcionalidad y minimización, exactitud, seguridad, transparencia y responsabilidad (accountability).

Obligación de incorporar la protección de datos desde la concepción de un sistema (by design) y de aplicar, por defecto, la configuración más protectora para el titular (by default).

Sistema de multas graduado en tres categorías: infracciones leves (hasta 200 UTM), graves (hasta 2.000 UTM) y muy graves (hasta 5.000 UTM).

Registro interno y actualizado de todas las actividades de tratamiento de la organización: finalidades, categorías de datos, destinatarios y plazos de conservación. Es una de las principales pruebas de accountability.

Persona o entidad que decide los fines y medios del tratamiento: que datos se recogen, para que y por cuánto tiempo. Responde directamente ante la APDP y los titulares.

La persona natural a quien se refieren los datos personales y quien ejerce los derechos ARSOP+.

Envío de datos personales a un tercero ubicado en otro país. La ley exige garantías adecuadas de protección en el destino.

Cualquier operación sobre datos personales: recolección, almacenamiento, uso, modificación, comunicación, transferencia o eliminación.

Unidad de cuenta reajustable que se usa para expresar el monto de las multas. Las sanciones de la ley se calculan en UTM (por ejemplo, hasta 5.000 UTM para infracciones muy graves).

Periodo entre la publicación de la ley y su entrada en plena vigencia. En la Ley 21.719 fue de 24 meses: del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.